Abolición del principio societas delinquere non potest en el anteproyecto de ley del nuevo sistema penal boliviano.

Abolición del principio societas delinquere non potest en el anteproyecto de ley del nuevo sistema penal boliviano.

*Publicado en “El Deber” bajo el titulo Impulsar cultura de ética empresarial y corporativa.

**Brian Haderspock

De acuerdo con nuestro Código Penal en vigencia, el ámbito de aplicación de sus normas recae en las personas naturales, no así sobre las personas jurídicas. Esta regla responde al principio citado según el cual las personas jurídicas no pueden cometer delitos de forma directa, es decir, por si solas, toda vez que son entes inmateriales.

En este sentido, resulta paradójico que el anteproyecto de ley pretenda abolir dicha regla mediante la inserción de las personas jurídicas al ámbito de aplicación directa de las normas penales.

Si bien las personas jurídicas tienen capacidad jurídica y procesal para actuar en juicio, no pueden intervenir por ellas mismas, ya que, requieren de una persona natural con personería jurídica para actuar en su representación, sea para el ejercicio de su derecho a la defensa, o derecho de acción. Consecuentemente, se entiende que la capacidad de obrar de las personas jurídicas supone necesariamente la actuación de personas naturales, lo contrario sería inconcebible.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que pueden suscitarse actos delictivos en el seno de una persona jurídica, al derecho penal le interesa conocer de las personas naturales que actuaron en representación del ente jurídico, ya que, la persona jurídica no comete delitos directamente, sino a través de sus personeros, lo que implica, lógicamente, que la persona jurídica no puede ser condenada a prisión.

Consecuentemente, resulta excesivo e incongruente incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas siendo que las sanciones atribuibles según el anteproyecto se limitan a la perdida de la personalidad jurídica y al pago de multas, las cuales ya se encuentran previstas por nuestra legislación administrativa, civil y comercial, siendo innecesaria la vía penal para la ejecución de tales sanciones.

En conclusión, a pesar de existir legislaciones extranjeras que norman la responsabilidad penal de las personas jurídicas so pretexto del Corporate Compliance, a mi criterio, el principio “societas delinquere non potest” no debe quedar diluido en nuestro ordenamiento jurídico, más bien, debemos impulsar una cultura corporativa y de ética empresarial que promueva el cumplimiento estricto de las normas que rigen las actividades empresariales, remarcando claramente que las personas jurídicas serán responsables civil y administrativamente por las infracciones legales cometidas en sus actividades, al margen de la responsabilidad penal que podrá recaer sobre los personeros de dicha entidad jurídica a consecuencia de dichos actos o conductas ilícitas.