Son anulables las sentencias del Tribunal Constitucional?

Son anulables las sentencias del Tribunal Constitucional?

La respuesta inmediata es que no. Así lo define, de manera general, el artículo 203 de nuestra Carta Magna al prohibir cualquier recurso ordinario ulterior que trate de revisar, modificar o dejar sin efecto una sentencia constitucional. Específicamente, tratándose de sentencias constitucionales que deciden sobre las acciones de inconstitucionalidad, el artículo 78.II(2) del Código Procesal Constitucional es claro al otorgarle el valor de cosa juzgada constitucional, lo que, además de conferir su carácter vinculante con efectos generales, crea un escudo que evita su cuestionamiento posterior.

Esta regla responde al principio de seguridad jurídica, mediante el cual, entre otras cuestiones, se establece un tribunal constitucional que tenga la última palabra, por eso se lo denomina también tribunal u órgano de cierre, puesto que garantiza la temporalidad de los procesos, de lo contrario los procesos tornarían infinitos, lo cual ocasionaría una incertidumbre sobre la situación jurídica de los justiciables.

Con esto queda claro que la instancia definitiva y final corresponde al tribunal constitucional, que, como órgano de control de constitucionalidad y convencionalidad, se constituyen en verdaderos custodios de nuestra Carta Política. Esto nos lleva a suponer que sus decisiones son infalibles y presumiblemente constitucionales, lo que implica que sus veredictos sean válidos y no derrotables.

Si bien lo dicho es procesalmente cierto, dado que no existe otra instancia de revisión de las sentencias constitucionales, aquello no significa que sea absoluto, ya que, los magistrados que conforman dicho tribunal son humanos, y por tanto, pasibles de errar por culpa o dolo. Y no me refiero a errores de forma que pueden ser procesalmente enmendados por el propio tribunal, sino a errores de fondo que atentan y vulneran derechos humanos e, inclusive, la propia Constitución Política del Estado. En este último caso estaríamos ante una sentencia constitucional con autoridad de cosa juzgada “aparente o fraudulenta” al haber sido dictado bajo parámetros inconstitucionales.

Entonces, si no existe una cuarta instancia interna o una supra instancia exterior que pueda anular una sentencia constitucional manifiestamente autoritaria, inconstitucional o inconvencional, la pregunta es: ¿Qué podemos hacer al respecto? Y la respuesta, de hecho, no la tengo, y tampoco existe en el derecho comparado una solución concreta, sin embargo, existen algunas premisas excepcionales que nos acercan a darle una respuesta válida a dicha pregunta.

Actualmente, es una interrogante que ha sido generado por la Sentencia Constitucional N° 84/2017 mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones constitucionales que permitirían la reelección indefinida de los gobernantes por ser un derecho humano. Aquí, el tema es netamente de fondo, ya que, existe una contravención sustantiva evidente causado por dos motivos: en primer lugar, hubo una clara usurpación de funciones del tribunal constitucional al haber conocido una acción de inconstitucionalidad sobre disposiciones contenidas en la misma constitución, siendo que, en todo caso, le compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional atender dicha cuestión mediante un proceso de reforma parcial, no así mediante una acción abstracta de inconstitucionalidad, lo cual resultó en la segunda contravención al habilitar la perpetuidad de los gobernantes en el poder estatal, lo que implica un grave quebrantamiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que rige en nuestro país.

Además de ser una sentencia autoritaria insubsanable, sus efectos son socialmente insoportables, atentatorios al orden constitucional, viciados de errores intencionales y de mala fe, surgidos por presiones políticas. Ante esta atrocidad, existiría un mecanismo excepcionalísimo que, si bien no abriría la posibilidad de revisar dicha sentencia ante una instancia superior incompetente, causaría su nulidad automática al considerarla inexistente, es decir, que nunca nació a la vida del derecho, por ende, dejándola sin efecto, y restableciendo las instituciones democráticas afectadas.

Ahora, siendo honesto, materializar lo expuesto resultaría difícil, toda vez que no existe una norma procesal o constitucional que habilite tal mecanismo, no obstante, podríamos acudir a dos métodos posiblemente viables: el primero consiste en la autorrevisión del propio tribunal constitucional y, el segundo posible método seria aplicar el principio de que el pueblo es el juez de los jueces. En el primer caso, ante una sentencia manifiestamente inconstitucional, el tribunal constitucional tendría la obligación de asumir una revisión excepcionalísimo de lo decidido para dejarla sin efecto. En el segundo supuesto, la población en ejercicio de su soberanía, podría exigir a la asamblea legislativa – como órgano que impone los mandatos constitucionales al tribunal constitucional – la inmediata revisión y nulidad de la sentencia, además de imponer sanciones o iniciar las acciones legales correspondientes en contra de los magistrados del tribunal constitucional que dictaron tan manifiesta inconstitucionalidad.

Es muy complicado y peligroso asumir estos temas sin contradecir el absolutismo de la cosa juzgada y, por tanto, vulnerar el principio de seguridad jurídica. Empero, ante situaciones tan inusuales y manifiestamente contradictorias al Estado democrático y constitucional de Derecho,  correspondería un mecanismo excepcionalísimo de protección contra las arbitrariedades de los custodios (tribunal constitucional) de nuestra Carta Fundamental, caso contrario, nos estancamos con la famosa interrogante: ¿quién nos custodia de los custodios?